Aranceles Recíprocos de Trump: Tribunales Desafían Poder Ejecutivo y Generan Incertidumbre

El panorama comercial se ve actualmente sacudido por importantes novedades judiciales. Fallos emitidos a finales de mayo de 2025 por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos cuestionan la legalidad de ciertos aranceles cuya implementación se dio durante la administración Trump. Estas decisiones argumentan que el entonces presidente podría haberse excedido en su autoridad al establecer estas tarifas unilateralmente, invadiendo facultades que la Constitución reserva principalmente al Congreso para regular el comercio.

Estos fallos judiciales, que incluyen la posible anulación de aranceles «recíprocos» y otros impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), han sido el resultado de demandas presentadas por diversas entidades que se consideraron afectadas. La base de estos reclamos se centra en la idea de que el ejecutivo no posee una autoridad ilimitada para imponer aranceles de forma generalizada sin una clara delegación del Congreso.

Sin embargo, la situación está lejos de ser definitiva. Se ha informado que la administración involucrada en la imposición de dichos aranceles ha apelado estas decisiones. En consecuencia, una corte de apelaciones ha intervenido, y en algunos casos, ha restablecido temporalmente los aranceles mientras se realiza una revisión más profunda de los argumentos legales. Esto significa que la batalla en los tribunales continúa, y con ella, una considerable dosis de incertidumbre para las empresas que dependen de la importación y exportación de bienes.

El proceso legal que sigue incluye varias etapas clave. Primero, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de EE. UU. revisará las decisiones del Tribunal de Comercio Internacional, centrándose en la correcta aplicación de la ley y los argumentos presentados, sin volver a evaluar los hechos desde cero. Esta corte de apelaciones tiene la facultad de confirmar los fallos iniciales (manteniendo la anulación de los aranceles), revocarlos (permitiendo que los aranceles sigan vigentes), o incluso anular y devolver los casos al tribunal inferior para procedimientos adicionales si considera que es necesario. Posteriormente, la parte que resulte perdedora en esta instancia de apelación podría buscar una última revisión por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. No obstante, es importante señalar que la Corte Suprema tiene discreción para decidir qué casos escuchar y solo acepta un pequeño porcentaje de las solicitudes que recibe cada año. Solo una vez que todas estas instancias de apelación se hayan agotado o la Corte Suprema haya emitido un fallo definitivo (o se haya negado a escuchar el caso), se llegará a una resolución final y vinculante sobre la legalidad de estos aranceles.

Esta prolongada situación pone de manifiesto el complejo equilibrio de poderes en la política comercial estadounidense. Mientras los tribunales deliberan a través de estas etapas, las empresas se enfrentan al desafío de planificar y tomar decisiones de inversión en un entorno donde las reglas arancelarias son inciertas y pueden cambiar. La resolución final de estos casos no sólo determinará la validez de los aranceles específicos que están en disputa, sino que también podría sentar precedentes importantes sobre cómo se establecen y gestionan los aranceles en el futuro, delineando con mayor claridad las facultades del poder ejecutivo frente al Congreso en esta materia.